Cuando faltan dos meses para que se cumpla un año de la entrada en vigor de la ley de tasas judiciales, el Gobierno admite que la recaudación por este impuesto es "muy inferior" a la esperada. Hasta el punto de que si se mantiene la proporción de lo ingresado por este concepto en las arcas del Estado hasta el pasado 31 de agosto (93 millones de euros), 2013 acabará con unos 180 millones de euros recaudados, algo más de la mitad de lo esperado por el Ministerio, que calculaba 306 millones al año.
El subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo, expuso este panorama (sin dar cifras, eso sí) ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde compareció junto con el secretario de Estado, Fernando Román, para dar cuenta de las partidas presupuestarias destinadas al Departamento que dirige Gallardón.
En respuesta a las preguntas de los distintos portavoces parlamentarios, que reprocharon al Ministerio que las tasas no sufraguen la justicia gratuita en las cantidades esperadas, Bravo aseguró que la gratuidad de la justicia para los más desfavorecidos (apartado al que se destinan 34,1 millones) sigue siendo una prioridad para el Gobierno y anunció que este servicio se va a reforzar en colaboración con las Comunidades Autónomas para "garantizar su sostenibilidad".
