El Ministerio de Justicia trabaja en una reforma legal para otoño que pretende dotar a la Audiencia Nacional de nuevas competencias. Se quiere dar protagonismo a los delitos económicos, el crimen organizado o los conflictos administrativos derivados de la crisis.
Ha sido el propio presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes, quien desde hace diez meses ha aprovechado sus puntuales comparecencias públicas para «replantear» sin ambages qué hacer con el tribunal central. La buena sintonía entre Gallardón y Juanes ha permitido que el ministro ya conozca la 'hoja de ruta' que planea el presidente. Un proyecto que sobre todo afectaría a la Sala de lo Penal y a los seis juzgados centrales de instrucción.
«Se debe perfilar más claramente el principio de territorialidad en la comisión del delito y el de organización criminal nacional o transnacional», dice el texto. Juanes enumera otros tipos penales a investigar como el tráfico ilegal de personas o la corrupción de menores cometida por grupos criminales en distintos territorios. También delitos contra el mercado y los consumidores, contra Hacienda y contra la seguridad social. Asimismo, es partidario de reforzar la cobertura del Juzgado Central de Menores.
El presidente considera que hasta que no se delimiten las nuevas competencias no se podrá analizar la necesidad de más medios humanos o incrementar el presupuesto. A día de hoy, la plantilla suma unos 900 funcionarios.