
En un comunicado, esta asociación también denuncia el "peligro de intromisión" de otros poderes en el judicial a través del "ejercicio perverso" del derecho de propuesta, --que recae en el Parlamento autonómico, que es el que ha designado a Mediavilla-- y su posible nombramiento como magistrado --que deberá acordar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-- cuando se trata de "políticos en activo" y máxime si optan a "tribunales que conocen del enjuiciamiento de personas aforadas".