Los operadores jurídicos acusan al Ministerio de Justicia de alargar las huelgas por su falta de diálogo

A menos de 20 días de que España asuma la presidencia de la UE, el próximo 1 de julio, la situación de la Justicia española es preocupante. El ciudadano sufre la paralización de miles de asuntos y la suspensión de juicios por las huelgas que se han ido encadenando. En cuanto a la tecnología, no acaba de arrancar ni estar implementada en su totalidad. Los profesionales consultados denuncian que Dicireg, el nuevo sistema planteado en los Registros Civiles no funciona y genera muchos problemas y más carga de trabajo. El momento actual, con un conflicto abierto entre el Ministerio y los funcionarios de Justicia, no invita al optimismo.

Para Angel Méndez, decano de los abogados de Cartagena, "esta es una situación límite. No la podemos aguantar mucho más. No entendemos que el Ministerio de Justicia no negocie". Elena Sáenz de Jubera, abogada integrante de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, afirma que "no se entiende desde fuera que una de las partes negociadoras como es el Ministerio de Justicia no quiera sentarse a resolver este conflicto laboral". 

A juicio de Encarnación Orduña, decana del Colegio de Abogados de Reus, "es fundamental que se cierre un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y los propios funcionarios. Parece que aquí no hay responsabilidad de los que deberían ser responsables de todo lo que sucede".

"Nuestro objetivo es solucionar el conflicto con un acuerdo, pero si cerramos en falso y volvemos a los órganos judiciales, como nos lo pide, no resolvería nada. Vamos a continuar para que los ciudadanos no esperen tanto por la Justicia. Es lamentable que el Gobierno no asuma su responsabilidad en el fin de este conflicto", declara Alberto García, portavoz del STAJ.

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