Con las movilizaciones dirigidas al Ministerio y con la huelga general se exigen reconocimientos a nivel funcional y retributivo que le corresponden única y exclusivamente al propio Ministerio. No entraremos en la competencia para la negociación y tramitación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, por lo ridículo que pudiese resultar pretender atribuir la misma a las comunidades transferidas, pero sí vamos a aclarar el flagrante error en cuanto a la exigencia de incremento en nuestro salario, y por qué le corresponde exclusivamente a su Ministerio.
Si analizamos cualquier nómina encontramos devengos nacionales fijados para la totalidad de los funcionarios de Justicia del Estado, y otros autonómicos, que dependen del territorio en que nos encontremos.
Tanto el SUELDO BASE como el COMPLEMENTO GENERAL DEL PUESTO son partidas estatales, fijadas para todos los trabajadores de la Administración de Justicia por igual, y establecidas evidentemente por el Estado.
Así lo establece de manera taxativa el artículo 519.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ("la cuantía de las retribuciones básicas será igual para cada uno de los cuerpos, con independencia del lugar de prestación de los servicios o del puesto que se desempeñe, y vendrán determinadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año, en función de la especialidad de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia") y el 519.2 ("A efectos de complemento general de puesto, mediante real decreto se determinarán los puestos tipo de las distintas unidades que integran las Oficinas judiciales, así como otros servicios no jurisdiccionales, estableciéndose las valoraciones de cada uno de ellos. La cuantía se fijará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado").
En el segundo de estos conceptos, el complemento general de puesto, es donde exigimos el incremento retributivo, simple y llanamente, así que señora ministra, deje de eludir sus responsabilidades y engañar al ciudadano, y cumpla dignamente con sus propias funciones.