Las cuatro principales asociaciones de jueces han anunciado que interpondrán una demanda de conflicto colectivo frente al CGPJ para que fije las cargas de trabajo a efectos de salud laboral, y han denunciado que el documento "Mapa de Riesgos Judiciales", aprobado unilateralmente por el órgano de gobierno de los jueces, no cumple con dicha obligación.
El escrito, que consideran "absolutamente insatisfactorio", establecía un sistema de alertas en relación con 739 órganos judiciales cuyo modelo de entrada superaba, según exponen, el 150%. Con este se pretendía que se cumpliera de manera formal la regulación de la carga de trabajo.
Recuerdan que ya realizaron propuestas conjuntas al órgano de gobierno de jueces para la determinación de la carga laboral, aunque fuera con carácter provisional. Propuestas, añaden, que el CGPJ no acogió aduciendo en un principio que tal regulación no podía realizarse mientras estuviera pendiente los trabajos para fijar un módulo de rendimiento judicial y a efectos de retribución de la productividad.