La opinión generalizada entre los funcionarios de la Administración de Justicia es que padecen los fallos y retrasos de programas obsoletos o plataformas incompatibles que se combinan en los órganos judiciales con el actual despliegue digital. Alberto Arroyo sostiene que su trabajo, lejos de mejorar, es más difícil ahora y más lento el servicio para el administrado.
La Justicia está lejos de eliminar el papel de sus procedimientos, sostiene Arroyo, para quien el principal problema es no poder contar con un programa único y eficaz, compatible en todas las instancias judiciales y a ser posible que fuera idéntico en todo el territorio nacional porque las autonomías con la competencia transferida tienen sus propios sistemas.