Así, lo único verdaderamente novedoso con respecto a la Ley de 2011 es que el Registro Civil permanecerá dentro de la Administración de Justicia y servido por funcionarios de Justicia, con los Letrados de Justicia como encargados; y que ya no serán como máximo 3 oficinas en cada Comunidad Autónoma sino todas las que cada Comunidad Autónoma o Ministerio decidan (una sólo, o varias).
En consecuencia, tampoco se garantiza el mantenimiento de todos los puestos de trabajo que actualmente se dedican a Registro Civil, ni siquiera una hipotética o futura adscripción a otros órganos o a otras tareas, lo cual encierra una amortización de plazas encubierta que el Ministerio no nos dice.
Desde STAJ hemos estado advirtiendo de los peligros de la Ley de 2011 desde que esta ley estaba en tramitación. Ahora todos se sorprenden y se alarman, pero lo fundamental de la organización del Registro Civil ya estaba desde sus orígenes y por ello STAJ siempre se opuso a la aprobación de esta ley y después ha pedido con insistencia su derogación, al menos en lo referente a la organización y estructura del Registro Civil.
STAJ no acepta ahora, como tampoco aceptó en 2011, este modelo de estructura de Registro Civil, aunque se mantenga en la Administración de Justicia. Así lo hemos expresado al Ministerio en las alegaciones presentadas antes de disponer del texto, y así lo reiteraremos en las que presentemos en los próximos días. STAJ apuesta por un Registro Civil que mantenga oficinas en todos los partidos judiciales y en los Juzgados de Paz, con plenas competencias y con reconocimiento de las funciones que en la materia realizamos los funcionarios de Justicia.