"Además, también con la idea de crear oficinas generales del Registro Civil que tengan plantillas de funcionarios de la Administración de Justicia singularizadas dentro de los juzgados que atienden esta función junto con otras del ámbito civil o penal", añadíó.
La propuesta del ministro tiene lugar en el principio de la cuenta atrás, pues en junio de 2017 tendría que entrar en vigor la implementación del nuevo Registro Civil contemplado en la Ley 20/2011, aprobada con el consenso de todos los grupos políticos. De esta forma Catalá despeja definitivamente la amenaza de la privatización que había sido contestada de un modo muy combativo por los trabajadores de los Registros Civiles y por las organizaciones sindicales.