Los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) diferencian entre el período de pago de los gastos corrientes en bienes y servicios, que incluyen alquileres, reparaciones, material de oficina o asistencia sanitaria, y el de las inversiones, como contratos de obra, suministros o consultoría.
Los plazos han aumentado considerablemente en el Ministerio de Justicia, con repuntes del 23% y el 26%. Concretamente, el Ministerio de Justicia presenta el mayor período medio de pago en el caso de las inversiones, con 87 días en el segundo trimestre. En el caso de los pagos de bienes y servicios, el más incumplidor es el Ministerio de Agricultura (80 días), pero seguido de cerca de Justicia (77 días).