La medida supondría un grave perjuicio para los compañeros interinos, ya que va a haber muchos menos nombramientos. Además supondría una mayor carga de trabajo para los funcionarios de los órganos judiciales en los que se produzca una baja. Puede suponer también un perjuicio a la hora del disfrute de las vacaciones, al estar supeditadas a las necesidades del servicio.