Los sindicatos (CCOO, UGT, CSIF y STAJ) se habían plantado porque entienden que los cambios de criterio para percibir este plus de productividad suponen que los funcionarios han de trabajar un 70% más para cobrar lo mismo.
Además, esta es una jurisdicción especialmente sensible en cuanto al trabajo, y con un aumento de la carga laboral al tener que tratar los quebrantamientos -saltarse la condena o la medida cautelar impuesta, como el alejamiento de la víctima- que antes asumían los juzgados convencionales.