La norma incluya la obligatoriedad de todos los profesionales de la Justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales, que aún no lo hagan, de emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal.
El Ministerio de Justicia calcula que el objetivo de eliminar el papel de los juzgados de las Comunidades Autónomas de su ámbito de actuación podrá alcanzarse de forma total en un plazo de seis meses a partir del 1 de enero de 2016. El ministro ha dejado claro que el cambio "será una obligación, no una opción".