"Primero han sido los miles de procedimientos generados por las demandas interpuestas por las preferentes, unido a las ejecuciones de las cesiones de crédito de los bancos, la despenalización de las faltas, que se veían en el orden penal, tras la reforma también terminan en estos juzgados, pasando a considerarse ilícitos civiles, por ejemplo los accidentes de tráfico por imprudencia leve, que son la gran mayoría, incluso con lesiones y fallecimientos, y también los incumplimientos de deberes familiares que no sean graves", ha enumerado Alberto García, de STAJ.
Todo ello ha incrementado, a su juicio, la carga de trabajo, "claramente inasumible con los medios de que disponen estos órganos judiciales, ante el que la Dirección General de Justicia, en lugar de responder con más medios y soluciones como se le ha pedido por los representantes de los trabajadores en la Mesa Sectorial, ha tomado el camino de la fantasía, pensando que las cosas se resuelven solas con el más absoluto de los pasotismos", ha añadido.