El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, ha autorizado un incremento del límite y el número de anualidades establecidos en la Ley General Presupuestaria, para facilitar la contratación de proyectos de obras en edificios judiciales e inversiones informáticas durante los próximos cinco años.
La ampliación de los límites de compromiso de gasto y de las anualidades eleva el límite de gasto hasta un total que supera los 151,9 millones de euros, de los cuales 116,1 corresponden a inversiones en infraestructuras judiciales a realizar entre 2016 y 2020, y 35,8 a inversiones en nuevas tecnologías entre 2016 y 2017.
La inversión informática se destinará a garantizar el programa de digitalización de la Justicia durante el próximo año y la plataforma tecnológica de registros procesales. Asimismo, permitirá afrontar durante 2017 la prórroga del servicio de formación y asistencia de usuarios.