Trabajadores de los registros, sindicatos, plataformas cívicas, usuarios e incluso las empresas funerarias. A ninguno de estos grupos ha convencido la reforma de los registros civiles que tramita el Ministerio de Justicia y que deja los trámites de ese servicio en manos del Colegio de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
La presidenta de la plataforma SOS Xustiza, Yolanda Aguiar, considera que la afirmación del ministro de que no se va a cobrar por trámites que antes eran gratuitos es mentira. "Se va a incrementar el número de actos inscribibles y se está pensando en cobrar, por ejemplo, una media de 20 euros por copias de certificaciones, y por trámites como una copia del libro de familia, 100 euros. Este es el negocio del siglo para los registradores de la propiedad, pero también una gran involución social, la mayor de la historia de la democracia. Simplemente, se está creando una justicia de dos velocidades".
En el mismo sentido, Enrique Araújo, del STAJ, apunta que "Los registradores van a tener más gastos, porque van a tener que contratar gente, oficinas más grandes...¿Alguien piensa que lo van a hacer por nada?".
Se aproxima la fecha la fecha marcada para la aplicación de la reforma, el día 15 de julio. Muchos registros civiles han dejado de dar cita a partir de ese día para las bodas. En los casos en los que siguen dando vez, los encargados del registro advierten a los contrayentes que no pueden garantizarles la fecha ni el lugar, porque "se arriesgan a tenerlo todo preparado y no poder celebrar", afirma Araújo.