El ministro de Justicia falta a la verdad cuando afirma que se mantendrán las garantías de legalidad y protección de datos que ahora protegen el tratamiento de los actos inscritos en el Registro Civil, porque los Registradores de la Propiedad y mercantiles son funcionarios públicos. Olvida el ministro que los registradores cobran por arancel (cuantos más actos se inscriban, más cobran) y que los trabajadores de los Registros de la Propiedad no son ni siquiera empleados públicos en el más amplio sentido de la palabra, y por tanto no están sometidos al imperio de la ley a lo que sí estamos sometidos los funcionarios.
El ministro falta a la verdad cuando dice que el Registro Civil seguirá siendo gratuito, porque para financiar su coste se están inventando nuevos trámites absurdos, inútiles y superfluos que habrán de ser inscritos en el Registro Mercantil previo pago del correspondiente arancel por los ciudadanos.
La visita de Rafael Catalá a Ciudad Real para participar en los actos de colocación de la primera piedra de la nueva sede del Colegio de Abogados fue recibida con una sonora pitada de un nutrido grupo de funcionarios de Justicia en su visita a los juzgados.
"Le hemos expresado muy claramente nuestra oposición total a la privatización del servicio. También le hemos expresado nuestro malestar porque aunque le hemos dado un tiempo prudencial y llegó abierto al diálogo, desde Navidades no se reúnen las distintas mesas abiertas para negociar diferentes cuestiones", señala Carmen Romero.
"Le hemos dicho que estamos muy cansados, que somos los empleados públicos a los que más derechos se les ha quitado, no ya salariales, que también, sino laborales", añade Romero.
El ministro falta a la verdad cuando dice que el Registro Civil seguirá siendo gratuito, porque para financiar su coste se están inventando nuevos trámites absurdos, inútiles y superfluos que habrán de ser inscritos en el Registro Mercantil previo pago del correspondiente arancel por los ciudadanos.
La visita de Rafael Catalá a Ciudad Real para participar en los actos de colocación de la primera piedra de la nueva sede del Colegio de Abogados fue recibida con una sonora pitada de un nutrido grupo de funcionarios de Justicia en su visita a los juzgados.
"Le hemos expresado muy claramente nuestra oposición total a la privatización del servicio. También le hemos expresado nuestro malestar porque aunque le hemos dado un tiempo prudencial y llegó abierto al diálogo, desde Navidades no se reúnen las distintas mesas abiertas para negociar diferentes cuestiones", señala Carmen Romero.
"Le hemos dicho que estamos muy cansados, que somos los empleados públicos a los que más derechos se les ha quitado, no ya salariales, que también, sino laborales", añade Romero.