El Proyecto de Ley de Reforma de la LEC aprobado el pasado viernes privatiza de hecho los actos de comunicación, atribuyéndolos a los Procuradores que lo soliciten, que los podrán practicar con el mismo alcance y efectos que los realizados por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial, al atribuirles capacidad de certificación y, con ello, eximirles de la necesidad de verse asistidos por testigos.
Lógicamente, el Procurador podrá repercutir a su cliente la retribución por la realización de dichos actos, lo que además resta garantías al proceso y encarece el coste para la parte. Igual que los Registradores acabarán de una forma u otra cobrando aranceles con los que soportar -y quién sabe si algo más- la llevanza del Registro Civil.
Desde STAJ consideramos indignante que en los últimos años se hayan puesto medios a los Registradores que se han negado durante lustros a los funcionarios de Justicia, y todavía más cuando parece que se legisla a favor de amigos y/o correligionarios antes que del interés general.
Choca este Proyecto de Ley, y el anuncio de una medida tan corta como es la prórroga de dos años más para el lanzamiento en ejecuciones hipotecarias en determinadas circunstancias, con el Plan de Actuación retribuído exclusivamente para los funcionarios del Cuerpo de Secretarios Judiciales que no perciban complemento específico por ello, curiosamente para el mismo Cuerpo que no realiza ninguno de dichos actos y que, en comunión con los Procuradores, pidió hace un tiempo la privatización de dichos actos.
Todo ello con menoscabo de los derechos de los litigantes, unos pagando un precio (no son tasas), otros con la erosión de sus garantías al hacerse determinados actos por una de las partes en el proceso, con todos sus intereses en juego, con el beneplácito del Cuerpo de Secretarios y el aplauso y bendición del Ministerio, que les retribuye por nada, o más bien a cambio de una retribución que amortizará mediante la consiguiente supresión de puestos de trabajo.