Concretamente, el documento señala que "en el marco de la creciente recuperación económica, se revisará el sistema de tasas judiciales", tal y como también ha señalado el presidente del Gobierno durante su discurso. Pero, a continuación, entra más en detalle y apunta: "Las personas físicas quedarán exentas de tasas judiciales en todos los órdenes e instancias". Nada dice, sin embargo, de las pymes, que también pagan este gravamen y que también vienen reclamando dejar de hacerlo.
El citado documento apunta que "mediante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se modificarán las reglas de conexidad para evitar las macrocausas difíciles de concluir y se fijarán plazos máximos para la instrucción: 6 o 18 meses para las causas normales o complejas".
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De confirmarse la noticia, se cumplirá con ello una de las promesas que hizo públicamente el ministro de Justicia Rafael Catalá cuando accedió al cargo y en las diversas reuniones que ha mantenido con STAJ. Aunque estamos a la espera de conocer los detalles de esta revisión, en principio se trata sin duda de una buena noticia aunque entendemos que la Ley de Tasas debería ser suprimida enteramente.
Del mismo modo, seguimos exigiendo al ministro de Justicia el cumplimiento del compromiso adquirido por el anterior equipo en cuanto a la eliminación de la obligación de valerse de abogado y procurador para los funcionarios públicos en sus reclamaciones contencioso-administrativas en ejercicio de sus derechos estatutarios.