Al margen del empobrecimiento generalizado que supone el modelo de implantación de nueva oficina por el que ha optado el Gobierno de la Generalitat, el proceso por el que se ha pasado del modelo antiguo de juzgados al nuevo de servicios comunes está plagado de improvisación y modificaciones continuas de las relaciones de puestos de trabajo, adjudicación de puestos, de las condiciones de trabajo, etc... Lo que provoca una absoluta indefensión y un caos sin precedentes.
STAJ, como sindicato mayoritario de la Administración de Justicia en Cataluña, ha interpuesto demanda contenciosa contra la resolución de implantación de este modelo de oficina judicial, que se enmarca dentro de una política de gestión regresiva generalizada por parte de los máximos responsables de la Consejería de Justicia y el Departamento de Economía hacia el personal de Justicia en Cataluña.