Desde STAJ no podemos decir que nos apene la renuncia de Gallardón, pues no han sido pocas las veces que hemos pedido su dimisión. Le deseamos lo mejor en su vida personal, pero desde luego al frente del Ministerio no ha hecho sino tomar decisiones polémicas una tras otra y muchas de ellas, a nuestro juicio, gravemente perjudiciales para el servicio público de la Administración de Justicia.
Es el caso, por ejemplo, de la modificación del CGPJ, que introduce cualquier cosa menos independencia en el órgano de gobierno del Poder Judicial. O el caso de la Ley de Tasas, que impide el acceso igualitario a la justicia de aquellos que menos recursos tienen, y que STAJ ha combatido fuertemente, habiendo impulsado junto a plataformas profesionales y ciudadanas el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo socialista en el Congreso, además de haber forzado una modificación que suavizó, aunque de forma insuficiente, las previsiones de la Ley.
También perjudica al servicio público la reciente "privatización" del Registro Civil, medida que ya está aprobada no sólo por el propio ministro, sino también por el Gobierno y el Parlamento, por lo que no puede decirse que sea algo exclusivo de Gallardón sino, más bien, de todo el partido popular. Por otra parte, y en honor a la verdad, hay que decir que Gallardón sólo es responsable de la "privatización", pero no de la desjudicialización, pues ésta fue promulgada en una ley aprobada por el PSOE cuando en el 2011 estaba en el Gobierno -y contra la que, por cierto, nada hizo algún sindicato que ahora tanto protesta-, desjudicialización que preveía ya de forma indirecta la desaparición de los cientos de puestos de trabajo vinculados al Registro Civil. Ahora, al menos, el ministro se había comprometido a mantener esos puestos en su ámbito, y las presiones de STAJ iban por buen camino en el sentido de garantizarse también los puestos en las Comunidades Autónomas con competencias. Y si no se logra esa garantía, STAJ apuesta por la huelga y en este sentido está consultando a todos los funcionarios afectados.