La sentencia del Alto Tribunal es clave, porque si desestima el recurso del Estado y de la Junta de Andalucía podrán solicitar la extensión de la sentencia no sólo los funcionarios de Justicia de Sevilla, como hasta ahora, sino todos los del país.
Precisamente, este hecho es el que ha llevado al Gobierno a personarse en una causa que abrió la Junta al acudir ante el Supremo alegando "interés de ley". Según indica en sus alegaciones el Abogado del Estado, de confirmarse la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Sevilla sería un "grave daño para el interés general", pues "el importe económico al que podrían ascender las consecuencias de la generalización de dicha doctrina excedería de 27 millones de euros, pudiendo alzarse a más de 63 millones si se consideran afectados por una situación análoga todos los miembros de las carreras judicial y fiscal y los contratados laborales integrados en la Administración de Justicia", eso sin contar "los intereses correspondientes".