El delegado sindical del STAJ por la provincia de Pontevedra, Enrique Araujo Martínez, denunció que la actividad de los juzgados nº 1 de A Estrada y nº 1 de Lalín se está viendo ralentizada por el expurgo de 55.000 viejos documentos judiciales que la Dirección General de Justicia y la Consejería de Presidencia le han encomendado realizar al personal de los juzgados de Galicia.
Como en los demás juzgados de la comunidad autónoma afectados por la orden de expurgo de la Xunta, el personal judicial le dedica a esa labor una media de dos horas al día. Ello provoca, según hace notar STAJ, el "retraso de la tramitación de expedientes judiciales actuales" y un incremento del "atasco" que ya sufren en la actualidad los juzgados.
Desde STAJ se critica que la Xunta quiera hacer el expurgo "a coste cero". Cree que la Consejería "solo piensa en recortar gasto" y "no le importa los administrados ni los perjuicios que puedan tener con el aumento del retraso de la resolución de sus pleitos". Ahora bien, destaca que "hace más de un año que se constituyó la Junta de Expurgo en el ámbito autonómico, formada entre otras personas por la subdirectora de personal de la Dirección General de Justicia, cargos que sí tienen carácter retribuído".