En este informe los Jueces Decanos señalan que tras la primera lectura del Anteproyecto la impresión es que se pretende "modernizar" la Administración de Justicia sin ningún esfuerzo por parte del Estado, sin ninguna inversión adicional. En efecto, en la reforma no se afronta ni se da solución al gran problema del sistema judicial español, que no es otro que el de la escasez de medios personales y materiales.
El presupuesto destinado a Justicia (unos 3.700 millones de euros) representa tan sólo un 1,15% de los Presupuestos Generales del Estado, y además en 2014 se ha reducido dicha partida en un -2,7%, lo que contrasta con el incremento en otros sectores de la Administración Pública, por ejemplo, el aumento en un 75% de los presupuestos destinados en 2014 a la Administración Tributaria y Financiera. Ello evidencia que la Justicia hoy, en España, no es una prioridad.