Carlos Artal, en representación de la UPSJ, ha entregado un escrito al Ministerio de Justicia, que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, en el que piden no dar a los procuradores funciones de ejecución porque ellos han duplicado la tasa de resolución de asuntos desde que asumieron estas competencias en 2009.
Este estudio ha sido presentado después del anteproyecto que plantea atribuir a los procuradores distintas funciones de ejecución y de que el Primer Congreso de la Procura Catalana reclamara recientemente facultades en embargos, lanzamientos, depósito de bienes o requerimientos a terceros.
"La legítima reivindicación de un colectivo que trata de encontrar su sitio ante un futuro incierto no puede conseguirse a través del menoscabo y la apropiación de las competencias legales que ahora ejercen los secretarios judiciales", advierten, para mostrar su "radical y frontal" oposición a las propuestas de los procuradores catalanes.