Estas vacaciones no suponen ninguna novedad este año, puesto que lo consideran como un "derecho consolidado" desde hace ya varias legislaturas, derecho consolidado adoptado por acuerdo unánime de la Mesa del Congreso compuesta por PP, PSOE y CiU -para esto sí que se ponen de acuerdo, incluso llegan a la unanimidad-.
A estas vacaciones hay que sumar las que reconoce el artículo 73 de la Constitución, que señala que la actividad parlamentaria se dividirá en dos períodos ordinarios: el primero desde febrero a junio, y el segundo desde septiembre a diciembre. Si echamos cuentas quedan libres los meses de enero, julio y agosto. Lo dicho, todo un chollo para la casta.
Y mientras tanto somos los funcionarios, ingresados en la función pública por oposición bajo los Principios de igualdad, mérito y capacidad, y con el requisito de titulación académica suficiente, a quienes se nos quitan los días de asuntos propios, se nos reduce el salario, se nos quita la paga extra, se nos descuenta por estar enfermos, y una larga lista de agravios que tienen su origen en la anterior legislatura (da igual si son rojos o azules).
No olvidamos todo lo que nos deben, porque nos lo han quitado, y no dejaremos de pedir que nos lo devuelvan, sobretodo cuando tenemos conocimiento de actuaciones como ésta, que atentan contra el más mínimo sentido de la Justicia y del esfuerzo compartido al que tanto apelan, y han apelado, para adoptar medidas de agravio hacia el colectivo de funcionarios de Justicia.