Según ha denunciado el STAJ, la delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz ha decidido dar de alta médica a una funcionaria de Justicia, en contra del criterio de su médico, y pese a que actualmente "padece poliangeitis miscroscópica geralizada con afectación renal y alveolitis pulmonar" y se encuentra en "tratamiento inmunosupresor mediante bolus mensuales de ciclofosfamida junto con prednisona desde el pasado octubre".
STAJ considera "obscena" la actuación de la Junta, que obliga a reincorporarse a una trabajadora, pese a acreditar que se encuentra en tratamiento con quimioterapia.
"Es la propia Junta de Andalucía la que debe proteger la salud de los trabajadores que prestan servicio en la administración. Sin embargo, los recortes de personal están llevando al más vergonzante extremo de desproteger a una trabajadora enferma".
STAJ subraya que no es el primer caso de este tipo que se da en la provincia de Cádiz y se pregunta: ¿Supone un ahorro para la Administración poner en grave riesgo a los enfermos que se tienen que incorporar al mundo laboral?