El Consejo General de Procuradores de España (CGPE) ha hecho público un informe encargado a la consultora PwC, según el cual "la actividad de la procura en España supone una contribución al PIB de 800 millones de euros, lo que representa un 0,77% del PIB de España en 2012".
Bajo el título "Análisis del impacto económico de la Procura y los costes de supresión de la incompatibilidad con la abogacía", el informe señala que el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales "pone en situación de inminente peligro la eficacia de la profesión de procurador de los tribunales y, por ende, el ya de por sí lento y deficiente funcionamiento de la Justicia española".
PwC asegura que actualmente existe preocupación y gran inquietud entre los procuradores porque el anteproyecto del Gobierno trae como consecuencia la desaparición de su reserva de actividad en la representación procesal, lo que significa que desaparece también la incompatibilidad con el ejercicio de la abogacía.