En el dictamen emitido, el Consejo exige que a la hora de valorar la posible compatibilidad entre ambas profesiones, no se pierda de vista la otra reforma que amplía las funciones de los procuradores. Se refiere a la modificación de la LEC, que atribuye a este colectivo la facultad de realizar determinadas funciones como actos de comunicación o de ejecución de la Administración de Justicia, para los que se les otorgaría la condición de agentes de la autoridad.
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Cuando el pasado 3 de mayo de 2013, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, STAJ ya advertía de algunas de las cuestiones que ahora plantea el Consejo de Estado.
Desde STAJ consideramos que estamos ante la privatización de otro servicio público encomendado siempre a funcionarios. Aunque la futura Ley permitirá al ciudadano (demandante) elegir quién desea que se ocupe de practicar los actos de comunicación y de ejecución, no existe duda sobre quién elegirá el demandante cuando tenga suficientes recursos económicos.
La realización de los actos de comunicación por el Procurador de la parte contraria, causará múltiples casos de indefensión y asimismo encarecerá el proceso de ejecución. Se hacen cada vez más visibles los pasos dados desde el Ministerio de Justicia para crear una justicia de dos velocidades: Una para ricos y otra para el resto de ciudadanos. STAJ considera dicha privatización inadmisible.