A la hora de decidir entre una u otra opción, el Ministerio dice que existen al menos dos líneas rojas que no quiere traspasar. Lo primero, garantizar la gratuidad en las notificaciones y certificaciones para los ciudadanos (cuestión que no se mencionaba en la carta del decano), con lo que se financiaría a costa del margen que les dejan sus actuales aranceles, y, en segundo lugar, el mantenimiento de más del 80% de los puestos de trabajo actualmente vinculados al Registro Civil.
Aunque el Ministerio asegura que no hay nada decidido, todo apunta a que los registradores tienen más posibilidades de que se les entregue la gestión del Registro Civil.