Jueces para la Democracia (JpD) ha exigido al Ministerio de Justicia que aclare cuáles son las prestaciones por las que los ciudadanos tendrán que pagar si definitivamente el Registro Civil pasa a manos de los registradores pues, a su juicio, resulta "inverosímil" que este Cuerpo asuma su "gestión privada" sin "importantes contraprestaciones económicas".
Al entender del portavoz de JpD, Joaquin Bosch, es contradictorio que los impuestos de los ciudadanos hayan servido para invertir 128 millones de euros en su modernización, informatización y digitalización y que ahora el Gobierno "aproveche" esta mejora para asignarla a la "gestión privada, con efectos lucrativos para sus gestores". "Todo ello implicará un gravamen económico para la ciudadanía y solo reportará beneficios a un determinado colectivo profesional", ha remachado.
Bosch también ha advertido del "peligro" que tendrá para la privacidad de las personas que sus datos personales más relevantes, desde inscripciones de nacimiento a defunción, dejen de estar bajo el control de la administración pública.