Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia consideramos que el Registro Civil debe continuar siendo un servicio enteramente público, gestionado por funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. Nos oponemos tanto a la desjudicialización en los términos previstos en la Ley de 2011, como a la privatización (o semiprivatización) proyectada ahora por el Ministerio de Justicia.
El hecho de que se produzca la "desjudicialización", es decir, que los jueces dejen de ser los "encargados" del Registro Civil, no tiene por qué suponer que ese servicio se extraiga de la Administración de Justicia. Existen servicios que están gestionados por funcionarios al servicio de la Administración de Justicia aunque no sean labores propias de apoyo a la actividad jurisdiccional de los jueces y magistrados. Es el caso de los Institutos de Medicina Legal, por ejemplo, o de otros servicios como las Delegaciones provinciales de la Mutualidad General Judicial (que gestiona todo lo relativo a la asistencia sanitaria de los jueces, fiscales y funcionarios de carrera de la Administración de Justicia). En ellos, sin realizar funciones jurisdiccionales, prestan sus servicios los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.