Quieren apartar los Registros Civiles del ministerio de Justicia, pero nadie quiere hacerse cargo de ellos. Gallardón baraja varias posibilidades para esta reforma que él mismo impulsó y que entrará en vigor el año que viene. La idea pasa por dejarlos en manos de funcionarios o secretarios de la Administración local. El problema, según el Ejecutivo actual, es que para llevarla a la práctica sería necesario convocar más plazas para aumentar el número de empleados públicos.
Si los jueces y los notarios criticaron el plan del Ministerio de Justicia, cuando los registradores escucharon su nombre como futuros 'adjudicatarios' se sumaron a las críticas. Ellos tampoco querían asumir el Registro Civil. Y si lo llegaran a aceptar, lo harían con sus matices: si la financiación del Registro Civil corre a cargo de los usuarios. Nunca aceptarían un registro gratuito “cuya financiación recayera en los registradores”.
