Los representantes de la plataforma, constituida el pasado diciembre para hacer público su rechazo a las tasas, han acudido a la sede de la institución (en la imagen, Emilia Rubio, de STAJ, junto a Carnicer) dirigida por Soledad Becerril para reclamar su intervención contra una ley que, a su juicio, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución.
Según el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), la norma también conculca los artículos 14 y 51 de la Carta Magna, que recogen la igualdad de todos los españoles ante la ley y la protección de los consumidores y usuarios.
La Defensora del Pueblo ha trasladado a las organizaciones que estudiará este asunto antes del 20 de febrero, cuando vence el plazo para presentar un posible recurso ante el Alto Tribunal. Sus interlocutores le remitirán más argumentos y casos concretos de ciudadanos que se han visto perjudicados por las nuevas tasas, según ha explicado el presidente de la Abogacía, Carlos Carnicer.