El pasado mes de diciembre los sindicatos comenzaron una campaña de movilizaciones en defensa del servicio público de la Justicia y contra medidas que califican de "privatización", como la nueva Ley del Registro Civil (que pone estas oficinas en manos de los registradores) o las nuevas tasas judiciales.
La manifestación está convocada por los sindicatos representativos de la Administración de Justicia y con el apoyo de la Plataforma Justicia Para Todos, que incluye a las organizaciones más representativas de los abogados y de los consumidores y usuarios.