El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) recurrirá ante la Audiencia Nacional la orden del Ministerio de Hacienda por la que se hizo efectivo el pago de las polémicas tasas judiciales al detectar una serie de defectos, como es la falta de previsión del fraccionamiento del pago o la ausencia del preceptivo informe del Consejo de Estado.
La Agencia Tributaria emitió días después de su publicación una nota informativa en la que se impedía «aplazar, fraccionar o compensar» el importe. Sin embargo, la Abogacía advierte de que esta cuestión no se prohibía en la propia ley de tasas ni tampoco se veta en la Ley General Tributaria.
«Hay varias razones para interponer ese recurso sin un ánimo dilatario ni un ánimo de colapsar los juzgados», explica el presidente de la Abogacía, Carlos Carnicer, que califica de «absolutamente errónea» una medida que «sacrifica» el derecho de acceso a la Justicia recogido en la Constitución. «Estamos haciendo que los españoles paguen los derechos fundamentales que la Constitución dice que son suyos», alerta.
«Hay varias razones para interponer ese recurso sin un ánimo dilatario ni un ánimo de colapsar los juzgados», explica el presidente de la Abogacía, Carlos Carnicer, que califica de «absolutamente errónea» una medida que «sacrifica» el derecho de acceso a la Justicia recogido en la Constitución. «Estamos haciendo que los españoles paguen los derechos fundamentales que la Constitución dice que son suyos», alerta.
Carnicer desmiente a Gallardón, cuando dice que las nuevas tasas afectarán sobre todo a las personas jurídicas. «No es cierto. Las grandes compañías pueden compensar el gasto de las tasas con sus beneficios o desgravarse parte de la cuota como un gasto de empresa», detalla.
A su entender, la Administración de Justicia se ha convertido por la falta de voluntad política en el «vagón que quedó desenganchado en la transición del resto de Administraciones públicas». Por ello, la solución pasa por aumentar los medios, entre ellos los telemáticos, y aumentar el número de jueces.