El anteproyecto también reconoce el derecho a la justicia gratuita de los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social en la primera instancia del orden social. Igualmente, Cruz Roja, las asociaciones en defensa de las personas con discapacidad, los sindicatos y representantes de los trabajadores, así como las entidades gestoras de la Seguridad Social tendrán derecho a la justicia gratuita, siempre que ejerciten acciones en defensa de sus intereses específicos.
En función de la renta, el Ejecutivo ha incrementado los umbrales hasta ahora vigentes para acceder a la justicia gratuita, situándolos entre dos y cinco veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), teniendo en cuenta el número de miembros de la unidad familiar.
En concreto, el umbral para acceder a la justicia gratuita de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (14.910,28 euros al año) se ha elevado a 2,5 veces el IPREM (15.973 euros al año) y hasta 3 veces cuando los miembros de la unidad familiar son cuatro (19.170,39 euros).