En el BOE de 21 de noviembre se ha publicado la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Asimismo se aprovecha esta ley en la Disposición final segunda para modificar el artículo 23.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, obligando en consecuencia a los funcionarios a comparecer con abogado y procurador en los procedimientos de personal. En la Disposición final cuarta se modifica el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Desde STAJ vemos con enorme preocupación esta ley, que nos afecta como ciudadanos, pero también y muy especialmente como trabajadores, pues además de las tasas -de las que no estaremos exentos en los recursos- se entorpece y encarece nuestra posibilidad de defender en vía jurisdiccional nuestros derechos laborales al imponerse la obligatoriedad de asistencia de abogado y procurador, discriminándosenos con respecto a los trabajadores sometidos al derecho laboral, que no precisan de tales profesionales cuando, en general, se trata de defender sus derechos laborales ante la jurisdicción.