Desde el pasado mes de julio, tras la publicación del Real Decreto Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, las empleadas y los empleados públicos venimos mostrando nuestro profundo malestar a través de movilizaciones en todos los sectores y Administraciones.
La citada norma conllevó la supresión de la paga extraordinaria de diciembre, de tres de los seis días de libre disposición ordinarios y de los días adicionales de libre disposición y de vacaciones por antigüedad, así como una importante reducción de retribuciones durante la situación de incapacidad temporal.
Y con la nueva Ley de Tasas, se restringe y se entorpece el acceso a la Justicia de las empleadas y empleados públicos en defensa de sus derechos laborales. A lo que hay que añadir la congelación de la Oferta de empleo público, la amortización de vacantes y la reciente aprobación del Reglamento que regula y facilita los despidos colectivos en el ámbito de las Administraciones Públicas...