La dimensión social que han adquirido los desahucios de vivienda por el impago de la hipoteca, con dos suicidios de afectados en apenas quince días, está logrando un inusual consenso social y político, y los jueces de Cantabria no son ajenos a este drama.
«Nuestras resoluciones son a veces muy duras de dictar y más duras de ejecutar, pero es nuestro trabajo. Tenemos que cumplir la ley, y si son o no ajustadas a la ética social dominante lo ha de valorar el legislador, no los jueces», señala el presidente de la Audiencia de Cantabria, José Luis López del Moral, para quien sólo se puede actuar desde la reforma legal de la ley hipotecaria.
Su opinión es avalada por el juez decano de Santander, José María Arsuaga. Los dos magistrados coinciden en que no se pueden saltar la ley, como es obvio, pero ni siquiera matizarla. Por ejemplo, «con la ley en la mano no es posible la dación en pago, a pesar de los intentos de algunos compañeros de interpretarla a través de criterios de equidad», reconoce Arsuaga.