Contra la reforma unilateral e impuesta de la LOPJ que constata la aplicación de los injustos recortes de derechos a los empleados públicos de la Administración de Justicia contenidos en el RDL 20/2012, tales como:
- Introducción de medidas más restrictivas en la movilidad geográfica forzosa, que dejarían sin contenido la regulación negociada de la reordenación de efectivos y reasignación forzosa ya contenida en la LOPJ.
- Supresión de la paga extraordinaria de diciembre, cuyo descuento se viene produciendo ya mes a mes.
- Supresión de 6 días "moscosos" y "canosos" para los funcionarios, pero no para jueces y magistrados.
- Rebaja salarial en los procesos de baja por enfermedad común.
- Sustituciones de jueces y magistrados que eliminarán empleo interino de jueces sustitutos pero no eliminarán los "atascos judiciales" pues si un juez no puede hacer frente a todos los asuntos de su juzgado, mucho menos podrá hacer frente a los asuntos de dos juzgados simultáneamente por mucho que el Ministerio les incremente de manera escandalosa el abono de estas sustituciones (cuyo incremento puede suponer en muchos casos un 300%).