Declaración de guerra en la Justicia. Las junta generales de jueces celebradas el pasado viernes en casi todos los partidos judiciales de España han acordado de manera casi unánime lanzar un ultimatum al ministro Alberto Ruiz-Gallardón: o retira su anunciadas reformas y se sienta a negociarlas con ellos o en 15 días iniciarán una serie de movilizaciones que desembocarán en una huelga indefinida.
Varias de estas juntas emitieron a lo largo del día comunicados en los que, además de mostrar su profundo malestar con las últimas iniciativas del ministro de Justicia así como con la falta de inversiones y los recortes salariales al colectivo, cargaron también contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, al que algunas exigieron su dimisión al haber aceptado propuestas de Gallardón que los magistrados consideran inadmisibles. Moliner se reúne hoy con los representantes de las asociaciones judiciales para abordar el malestar de la judicatura.
Algunos de los documentos aprobados por las juntas de magistrados van más allá. La celebrada en Granada proponía convocar los paros "en el plazo más breve posible". La de Baleares sólo contemplaba una medida de protesta: la "huelga indefinida". Y la de Pamplona pedía "denunciar ante los organismos internacionales" las condiciones de sobrecarga de trabajo.