Fuego abierto contra las medidas impuestas por el Gobierno. Especialmente molestos contra los recortes del Ejecutivo se han mostrado los funcionarios judiciales, que reivindican el reconocimiento de la figura de una justicia gratuita de calidad, atendida por profesionales independientes y libres, y defienden que su carga de trabajo es "muy alta", por lo que no aceptan insinuaciones de que podrían hacer más y no lo hacen porque son unos vagos.
Siete asociaciones diferentes de jueces y fiscales coinciden en que el Ejecutivo ha “puesto en duda la profesionalidad de la función pública”, y han pedido al Gobierno que les reciba "de forma inmediata" para hacerle llegar las quejas de un sector que se ha visto perjudicado por una crisis "que no hemos generado todos aquellos que hemos accedido a la función pública a través de procesos selectivos en libre concurrencia".
Según ellos, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Una queja que extienden a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla decenas de trabajadores de los Juzgados de Primera Instancia de Madrid: “La Justicia se deteriora justo cuando los ciudadanos están más desprotegidos”, advertían.