La polémica envuelve desde su génesis a la pieza separada del caso Malaya en la que se acusa a Julián Muñoz, Isabel Pantoja y Mayte Zaldívar de blanqueo de capitales. El juicio arranca hoy en la Audiencia Provincial de Málaga, y al Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) le preocupa mucho el coste que para el erario público supondrán los dispositivos de seguridad y limpieza. Por ello, exige a la Junta de Andalucía que explique a la ciudadanía el gasto de este procedimiento.
«Le conminamos a que nos comunique y haga públicos los gastos que para todos los ciudadanos van a suponer las medidas excepcionales que se van a tomar para este asunto. Gastos en reforzar la seguridad privada, Policía Nacional, limpieza», STAJ exige que, de resultar condenatoria la sentencia, «se reclamen todos los gastos en refuerzos de seguridad y todos aquellos que no sean habituales para los condenados y que a ese fin se comprometa a exigirlos judicial y públicamente».
La organización sindical se queja de los recortes sufridos con el nuevo decreto de la Junta, por lo que pide que se recupere el dinero invertido en el dispositivo del juicio más mediático jamás celebrado en Málaga, para el que ya se han acreditado 150 periodistas. «Mientras usted permite este despilfarro de recursos innecesarios, a los funcionarios de justicia se nos reduce la nómina en una cuantía de 200 euros mensuales, de un sueldo medio de 1.300», afirma.